Niegan indemnización de perjuicios que pedían los vecinos del Lago de Tota





En ejercicio de la acción de grupo varios vecinos del Lago de Tota, solicitaron que se declarara la responsabilidad del Estado por los perjuicios materiales e inmateriales causados, por la supuesta falla en el servicio atribuible a las entidades estatales encargadas de la dirección, regulación, control y manejo del Lago de Tota, cuyas acciones u omisiones en su criterio provocaron las inundaciones ocasionadas por la ola invernal ocurrida por el llamado Fenómeno de La Niña en el año 2010. En primera instancia el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso negó las pretensiones.
En reciente fallo de  segunda instancia el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de primera abordando los siguientes temas a los que se contrajo la inconformidad de los actores según el recurso de apelación:


1. No se podía sustentar la ocurrencia del daño a fuerza mayor, toda vez que las inundaciones iniciaron desde abril de 2010 y taparon los cultivos por subida del nivel del lago a partir de octubre de 2010, tiempo en el cual CORPOBOYACÁ debió tomar medidas que evitaran el desastre, máxime si tenía conocimiento de las advertencias que había recibido de la Vicepresidencia de la República, sobre lo que podía pasar con la ola invernal que se avecinaba.


2. Se desconoció por completo que el nivel natural del Lago se aumentó en más de un 1.20 mts con el fin de suministrar agua a Acerías Paz del Rio, bajo la condición de compra de las tierras de la ronda del lago, antes de poner en funcionamiento las obras.

3.  El INDERENA llevó al lago la planta elodea y su multiplicación causó taponamiento de la salida de las aguas hacia el Rio Upia.


4. La Resolución 1786 del 29 de junio de 2012 que fija una cota máxima de inundación en 3.015,65 m.s.n.m, no podía ser aplicada al caso concreto, ya que fue emitida dos años después de haber ocurrido la inundación.


5. No se logró demostrar que los accionantes hayan ampliado la frontera agrícola con el fin de aumentar las tierras cultivables; por el contrario, se probó a través de un peritazgo que, a pesar de no haber sido notificados, ni amojonados los límites de los 30 metros de ronda de protección, los propietarios de los predios colindantes con el lago de Tota dejaban una ronda en algunos casos superior a 100 metros.


6. Se incurrió en el desconocimiento del precedente judicial, ya que el Consejo de Estado se había pronunciado en un caso similar en providencia emitida el 10 de marzo de 1965, condenando a la Nación a indemnizar a los propietarios ribereños del lago de Tota, por las inundaciones generadas por las mismas obras que causaron la inundación de los terrenos aledaños al Lago de Tota en los años 2010 y 2011.


7.  El proceso sancionatorio por malas prácticas agrícolas no podía servir de fundamento de la sentencia, puesto fue iniciado mediante Resolución No.2526 del 24 de agosto de 2011, es decir, un año después de ocurridas las inundaciones y 5 días después de presentada la demanda.

En suma, los actores no lograron demostrar los hechos en que basaban sus pretensiones, pues lo que quedó evidenciado fue que tal suceso se dio por la ocurrencia de una fuerza mayor como fue el fenómeno de La Niña.



Foto: La Silla Vacia 

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