Reforma a la tutela divide a juristas en Boyacá




Para algunos juristas, la propuesta que radicó el Gobierno Nacional ante el Congreso para reformar la tutela, es apropiada, ya que esta acción debe tener unos límites claros para evitar congestión de la justicia y que cumpla su función de proteger los derechos jurídicos y fundamentales de las personas.

Luis Ernesto Arciniegas Triana, magistrado Tribunal Administrativo de Boyacá, Camilo Mendoza Jiménez y David Contreras Álvarez, abogados, coinciden en que la propuesta del presidente Duque es un refuerzo a la acción de tutela, esto quiere decir que se reformara el artículo 86 de la Constitución y se exigirá una serie de requisitos que tendrá el accionante para presentar esta la Tutela, uno de ellos es exigir la legitimidad de quien la ejerce, esto quiere decir que la acción la presentaría quién está directamente afectado, lo que es importante porque sería sucinta y legitimada para actuar en dicho caso, lo que evitaría congestión del aparato judicial.

El otro punto es que no sea en cualquier tiempo entonces se dará un espacio prudencial donde se haya vulnerado el derecho fundamental que se ha iniciado, así las cosas se le se le hace al accionante más expedito y más rápido frente a la acción de tutela para que esta no prescriba, por eso la propuesta es buena en el sentido de que el que conozca la acción de tutela sea el  juez que conozca del asunto objeto, porque en muchos casos las tutelas que tienen que ver con el medio ambiente la resuelven jueces penales, entonces sería muy pertinente que la resuelva quien tenga la competencia.

Otro punto trascendental es la regulación de plazas en competencia a las causales contra providencias judiciales esto con el fin de evitar el llamado choque de trenes, que genera controversia entre las Altas Cortés porque una corte dicta una sentencia, afirma una serie fundamentos y con una acción de tutela la otra corte desmiente su fundamento, en conclusión es un acertada esa reforma porque le pone unos ciertos mecanismos cortos para adelantar el trámite respectivo y no se congestionaría el aparato judicial con tutelas que a veces son improcedente y poco necesarias.

En otros puntos de vista, esta reforma solo frena el proceso de reivindicación de los derechos fundamentales, ya que no podría ser interpuesta por cualquier ciudadano, sino que se debe contar con un apoderado, demorando más las reclamaciones y evitando la veeduría que ejercen las comunidades, además el hecho que se fijen límites de tiempo para revisiones no es bueno y no garantiza el derecho de las personas o que las cortes reversen fallos, en general, como toda norma o ley que se quiere implementar en el país, tiene su posiciones y a favor en contra, lo cierto es que este tema avanza y se debe esperar que se dé el mejor resultado en favor de todas las personas que ven vulnerados sus derechos y sus plenas libertades.


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