La mancha negra de la educación


La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la Nación presentó la rendición de Cuentas de la entidad, donde se dieron a conocer hallazgos hechos en los últimos dos gobiernos de Boyacá. El que más llamó la atención tiene que ver con el contrato 1061 de 2016, que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones, donde se invertían recursos para el Programa de Educación para adultos.

Según indicó Zulma Lorena Rodríguez, Gerente, se recibió una denuncia donde se establecía una contratación, supuestamente indebida, porque se firmaba el convenio con una empresa de Córdoba, que estaba siendo investigada y señalada de corrupción a nivel nacional, se trata de la Fundación S.O.S. Al empezar el proceso auditor, la Contraloría efectivamente encontró que la Fundación al parecer cobró recursos por cerca de mil millones de pesos, por estudiantes que no existían, incluso presentó documentación falsa de dichos estudiantes, y al hacer el cruce con la base de la Registraduría, se encontró que los documentos de identidad no eran los mismos que los nombres.

También se estableció que el 504 millones de pesos del anticipo se utilizaron para gastos personales de los directivos de la Fundación. Adicionalmente indicó la Contraloría, que el contrato firmado no se hizo por licitación pública, tal como lo exige la ley.

Por hechos similares que se presentaron en la ejecución de los contratos 1627 y 1719 del año 2015, que sumados ascendieron a $ 5.553’050.000,  relacionados con la “prestación del servicio educativo para adultos y jóvenes en extraedad”, se adelanta proceso de responsabilidad fiscal, en donde fungen como presuntos responsables el Exgobernador de Boyacá, el supervisor del contrato, la Secretaria de Hacienda y las fundaciones contratistas, por cuantía de $420 millones.

Denuncias de 2017


Una de las facilitadoras o trabajadoras en los municipios del programa de educación del adulto mayor ‘Palabras Mayores’ que adelanta la Fundación S.O.S en Boyacá, denuncia que desde el mes de agosto del presente año no se les ha pagado el salario, de un mínimo que fue el contratado a principio de 2017, en un contrato que terminó en Noviembre pasado.

Según la persona que dialogó con Última Hora Noticias, son cerca de 400 las personas que tienen el mismo inconveniente, y que desde Agosto han venido pagando salud y pensión de su bolsillo, y no obtienen respuesta de los representantes de la Fundación, que dicen que es responsabilidad de la Gobernación, y ésta última dice que el contrato está firmado con la Fundación.

Foto: Gobernación de Boyacá
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